La pandemia en nuestro país con más de 17 mil muertos y cerca 700 mil contagiados, no sólo ha dejado consecuencias en la salud de los chilenos, sino que sus efectos en la economía han sido nefastos por el aumento del desempleo. Esta situación la viven de cerca miles de personas que arriendan una vivienda y que no tienen dinero para cumplir con sus obligaciones o simplemente se aprovechan del sistema que existe, pues la legislación protege más al arrendatario que al arrendador. Es por este motivo que el diputado de Renovación Nacional (RN), Eduardo Durán, hizo un llamado urgente para la tramitación del proyecto de la nueva ley de arriendo, que presentó el Ejecutivo durante 2019.

La iniciativa legal -que busca modernizar la actual Ley 18.101- considera algunos aspectos relevantes como la prohibición del subarriendo, condiciones mínimas para arrendar departamentos y casas, sentencias y notificaciones rápidas, regulación de la garantía del contrato y plazo de restitución, deudas endosables al arrendatario y menos trámites con abogados.

Actualmente, existen más de 500 mil viviendas dispuestas en arriendo en Chile y se estima que hay más 1.5 millones de familias arrendando casas o departamentos, lo que representa más del 20% de los hogares en el país. Además, cada año hay cerca de 20.000 juicios por arriendos y se estima que existen hoy en día más de 60.000 controversias entre arrendadores y arrendatarios y según datos del Poder Judicial, hasta agosto del año pasado, se habían ingresado casi 8 mil demandas por concepto de no pago de arriendos. En promedio, la tramitación de juicios de arriendo dura más de 8 meses.

“Durante la pandemia son entendibles las moras y no pagos de arriendo. No obstante, el problema se da con los eternos deudores, que no solamente no pagan el arriendo, tampoco los gastos comunes, servicios básicos y además son atrevidos con los arrendadores, y es aquí donde quiere apuntar esta nueva normativa. Las personas más afectadas con esto son quienes viven del arriendo de sus propiedades y es su única fuente de ingresos. En el actual contexto sanitario, los tribunales están suspendiendo los desalojos y embargos, algo que ha impedido llevar adelante la salida forzosa de los deudores, quienes, amparados por la ley y en una excepción debido a los actuales tiempos, han encontrado la forma de ganar tiempo y seguir viviendo en un lugar, lo que es entendible, pero no para las personas que arrastran millonarias deudas antes de la pandemia”, explicó el congresista.

La idea según el parlamentario es emparejar la cancha tanto para arrendador como arrendatario para evitar que desde ambos lados se produzcan arbitrariedades y malas prácticas producto de la actual legislación. “Necesitamos de una vez por todas erradicar los abusos que existen entre arrendatarios y arrendadores como por ejemplo subarrendar a otra persona una propiedad que está arrendando, incurrir en mora del pago de arriendo y no restituir la propiedad al arrendador, no pagar las cuentas de servicios básicos y delegar el pago de éstas al dueño del inmueble, arrendar una vivienda que no cumple con los estándares mínimos de calidad para vivir dignamente, cobrar un exceso en el mes de garantía, entre otros”, concluyó Durán.